Mediante dicha Ley, se transponen a nuestro Ordenamiento Jurídico las Directivas 2014/26/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de Septiembre de 2017, adaptando por fin nuestro Derecho a la legislación comunitaria en la materia.
Mediante dicha reforma, se refuerza la transparencia y la gestión que llevan a cabo las entidades de gestión, armonizando dicho extremo con el resto de las normativas nacionales de los Estados Miembros, hasta hora bastante dispar. En este sentido, se dota de nuevos y variados instrumentos a las entidades de gestión, así como su poder de representación y su obligación de información. Igualmente, se refleja la necesidad de un mayor control sobre las mismas.